El mayor problema de China es la justicia social

SURda

 

Internacionales/China

Xulio Ríos

Mil y una voces, dentro y fuera de China, claman por la recuperación de la senda del crecimiento. Algunos, no satisfechos con el 7,4 por ciento del último trimestre, señalan que la traba que impide alcanzar los dos dígitos no es ya la crisis global y sus efectos sino la alargada presencia pública en la vida económica, en especial en los sectores estratégicos, tanto por su valor intrínseco como porque reportan grandes beneficios. Así, si en Occidente la crisis parece venir como anillo al dedo para rebajar derechos sociales, en el mayor bocado de Oriente debe servir para alentar un nuevo reequilibrio entre lo público y lo privado, en claro beneficio de este último. Para temblar. Días atrás, la comisión de activos estatales de China reivindicaba el aporte de las empresas públicas a la elevación de la competitividad global del país o en la innovación tecnológica, contrariando la teoría de que sus enormes beneficios se deben exclusivamente al monopolio o desmintiendo la creencia de que la propiedad privada sea sinónimo de alta eficiencia. En verdad, es una “injusticia” que tantos beneficios redunden en los poderes públicos porque ya se sabe que son muy corruptos. Todo iría mejor si acabaran en los bolsillos de unos pocos espabilados, a ser posible, filántropos entusiastas del magnate Buffet que tanto proselitismo ha desarrollado en China en los últimos años. Para otros, el problema de la desaceleración radica en el autoritarismo. Pese a las promesas de mayor democracia, esta se resiste incluso en las filas internas del PCCh y no alcanza a satisfacer la superación de las mínimas pruebas. Ambas cuestiones forman parte de la agenda actual de China y no son problemas menores.
No obstante, sin desdeñar el valor y oportunidad de estos debates, la primera preocupación de todos, dentro y fuera, debiera ser la realización de una mínima justicia en la segunda potencia económica del mundo. No me refiero a esa justicia del libro blanco presentado hace escasas semanas, cuyo mero contratipado no podría resistir prueba alguna, sino a la justicia social, que sigue siendo una asignatura pendiente pese al aumento de la significación de estas proclamas en la última década.
El actual secretario general del PCCh, Hu Jintao, ha tendido puentes con la sociedad china en torno a esa sugerente idea de la sociedad armoniosa. La concepción científica del desarrollo que elevó a los estatutos del Partido en 2007, reclama prestar mayor atención a mejorar la vida de la gente, situándola de nuevo en el epicentro del desarrollo. Todos coinciden en señalar que las injusticias constituyen la razón primera que influye en la activación de los conflictos sociales y en la inestabilidad. En teoría, esto fue un gran avance, ya que venía a equilibrar el paso dado por su antecesor Jiang Zemin quien abrió la puerta a la militancia en el PCCh a los grandes empresarios, configurando así las dos piernas con que debiera caminar el “socialismo con características chinas” en el siglo XXI.
Pero las desigualdades (dejemos a un lado la corrupción o los abusos de poder) han seguido creciendo de forma imparable. Y lo que es peor, no se destierra la impresión de que en las altas esferas preocupa más ganar posiciones en la lista Forbes o Hurun, o en la de las 500 mayores empresas del mundo, que en el Índice de Desarrollo Humano (101 de un total de 187 países).
Ya es hora de reconocer que el “milagro chino” ha tenido un coste humano gigantesco y que reclama un equilibrio a fondo. En su discurso del 23 de julio ante la élite burocrática del país para marcar el tono del XVIII Congreso, Hu Jintao aludió a la equidad. Una vez más, no puede decirse que le falte sensibilidad retórica. A diferencia de sus predecesores, en su mandato llevó a cabo iniciativas tendentes a mejorar el status de la población flotante, suprimió el impuesto agrícola, aumentó las inversiones en educación y salud, etc., pero las diferencias de ingreso han seguido aumentando igualmente. No es extraño, pues, que sea la primera preocupación de los ciudadanos chinos.
La desigualdad en la distribución de la renta en China aumentó un 70% entre 1985 y 2007 y la brecha entre las ciudades y el rural se agravó profundamente. Un urbanita dispone, por término medio, de una renta más de tres veces superior al campesino (23.979 yuanes frente a 6.977). Hace más de diez años que no se publica en China el coeficiente de Gini pero numerosos expertos coinciden en señalar que con seguridad ya ha superado el umbral de alerta.
Confrontada al desafío de construcción del techo de la reforma, es de temer que en los próximos años los objetivos reales de China se centren una vez más en procurar los dígitos de crecimiento absoluto que le acerquen a la supremacía global con primacía para lo tecnológico, la defensa, etc., pero si descuida lo social, con unos niveles de desarrollo humano propios de un país tercermundista, la inestabilidad está servida. Por el contrario, ahora que muestra tanta preocupación por su poder blando, la mejor estrategia para ser admirada en el mundo consiste en erradicar del todo la esclavitud, el trabajo infantil, el abandono escolar, y tantas repugnantes sombras ahogadas en los destellos de sus deslumbrantes rascacielos.
El XVIII Congreso del PCCh no debiera perder de vista la importancia de lograr esa equidad que merece la sociedad china en vez de priorizar, una vez más, el objetivo del crecimiento a toda costa impulsando reformas que agraven los costes de lo logrado, sembrando de minas su futuro. En casos como la defenestración de Bo Xilai no solo hay dimensiones criminales y ambiciones personales sino realidades políticas que advierten de la existencia de un caldo de cultivo social que puede agudizar las contradicciones y derivar en crisis de difícil arbitrio, alcanzando por supuesto a las filas del PCCh, donde militan también sectores comprometidos con el logro de una justicia elemental.
Aunque ya supere los 82 millones de miembros, el PCCh tiene su crédito en cuarentena en tanto no acredite un compromiso de mayor alcance con el fin de las desigualdades, socializando una riqueza que ha sido resultado del esfuerzo ingente de millones y millones de ciudadanos chinos que ahora reclaman con toda razón su derecho al bienestar.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China

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